La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó este lunes la apertura de una auditoría integral a más de 5 mil títulos de concesión de agua otorgados a grandes consumidores industriales y agroexportadores. La medida busca identificar irregularidades en los volúmenes de extracción y sancionar el acaparamiento que ha profundizado la crisis de suministro en comunidades vulnerables de Sonora, Chihuahua y Nuevo León.
El anuncio marca un endurecimiento en la política de fiscalización de la Conagua, institución que será sometida a un proceso de reestructuración para eliminar actos de corrupción detectados en las delegaciones regionales. La plana mayor del Ejecutivo federal señaló que el agua debe ser tratada como un bien nacional y un derecho humano, no como una mercancía sujeta a la especulación de mercados privados.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) supervisará el proceso de revisión de medidores y reportes de consumo. Se han detectado discrepancias de hasta un 30% entre los volúmenes declarados y los extraídos realmente por empresas del sector minero y de bebidas, lo que representa una pérdida multimillonaria para el erario por concepto de pago de derechos.
Aquellas concesiones que se encuentren inactivas o que presenten un uso ineficiente del recurso serán revocadas de manera inmediata. El agua recuperada mediante estos procesos legales será reorientada de forma prioritaria para el consumo doméstico y el fortalecimiento de los sistemas municipales de agua potable que operan actualmente en condiciones de precariedad.
La transparencia será el eje rector de las nuevas reglas de operación que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Se establecerá un padrón público de usuarios de agua industrial con monitoreo satelital en tiempo real para evitar la perforación de pozos clandestinos, una práctica que ha agotado los niveles estáticos de los mantos freáticos en el Bajío.
Líderes de organismos de vigilancia ciudadana han solicitado que los resultados de las auditorías sean presentados de forma bimestral para garantizar que no existan pactos de impunidad con grupos económicos de alto poder. La rendición de cuentas sobre los 450 mil millones de pesos invertidos en el nuevo plan hidráulico será objeto de escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Este movimiento administrativo pretende desmantelar las redes de influencias que permitieron el otorgamiento discrecional de agua durante administraciones pasadas. El gobierno federal apuesta por una gestión pública del agua que sea transparente y equitativa, asegurando que la infraestructura financiada con recursos del pueblo no termine beneficiando exclusivamente a intereses corporativos privados.
