En medio de la expectativa por la iniciativa de reforma electoral que enviaría la presidenta de la República, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dejó claro que en la Cámara de Diputados no habrá improvisaciones ni atajos: el trámite será conforme a la ley y al reglamento.
Desde el Salón de Sesiones en San Lázaro, explicó que, si la iniciativa llega a esta Cámara como de origen, se dará cuenta ante el Pleno, se publicará en la Gaceta Parlamentaria y se turnará a las comisiones correspondientes. Es ahí donde realmente empieza el trabajo de fondo: revisar cada artículo, debatir los cambios y definir si se convocan foros o ejercicios de parlamento abierto.
Para quien no sigue de cerca el Congreso, esto significa que la reforma no se aprueba de un día para otro. Pasa por varias etapas: presentación formal, análisis en comisiones, dictamen y, finalmente, discusión y votación en el Pleno. En un tema como el electoral —que define cómo se organizan y califican las elecciones— cualquier modificación impacta directamente en la representación política de millones de personas.
López Rabadán insistió en que la conducción del debate será plural y transparente. Reconoció que se trata de un asunto que puede generar confrontación, pero sostuvo que su responsabilidad será garantizar que todas las voces se escuchen sin que desde la presidencia se imponga una postura política.
Sobre la posibilidad de un parlamento abierto, reiteró que estos ejercicios fortalecen la democracia, porque permiten que especialistas, académicos y ciudadanos participen antes de que se tome una decisión definitiva. En otras palabras, abrir la discusión más allá de los partidos.
También fue clara respecto a los borradores que ya circulan en medios: dijo que, mientras no exista un documento formal ingresado al Congreso, no se puede confirmar el contenido real de la reforma. Jurídicamente, la iniciativa solo existe cuando llega oficialmente y puede revisarse su articulado completo.
La legisladora subrayó que cualquier cambio constitucional debe realizarse con absoluta transparencia, ya que podría redefinir las reglas bajo las cuales se elegirá a futuras autoridades. En un país de más de 134 millones de habitantes, modificar el sistema electoral no es un trámite menor, es una decisión estructural.
Incluso puso a disposición su correo institucional para recibir propuestas ciudadanas y canalizarlas a las comisiones dictaminadoras, buscando reforzar la idea de apertura en un debate que marcará el rumbo político del país.
En un contexto de alta polarización, el mensaje fue claro: el proceso será legal, público y deliberado. Lo que está en juego no es solo una reforma más, sino la arquitectura democrática con la que México competirá políticamente en los próximos años.
