La impunidad y la parálisis institucional en México han delegado las obligaciones constitucionales del Estado a la sociedad civil. La diputada Kenia López Rabadán denunció en la Cámara de Diputados que frente a la desaparición de más de 132 mil personas, son las madres buscadoras quienes realizan el rastreo de campo, la excavación y la investigación, asumiendo tareas que por ley corresponden exclusivamente a las fiscalías y cuerpos policiales.
La omisión gubernamental ha provocado una amonestación sin precedentes a nivel global. El Comité contra la Desaparición Forzada ha pedido a la Asamblea General de la ONU que aborde el caso de México de forma urgente. Para comprender la gravedad de esta medida, significa que los expertos internacionales han determinado que el gobierno mexicano no tiene la voluntad o la capacidad operativa para frenar una crisis que atenta contra los derechos fundamentales.
La presidenta de San Lázaro fue directa al señalar que la crisis no puede ignorarse, minimizarse ni descalificarse desde los micrófonos oficiales. La respuesta tradicional de las autoridades de rechazar los informes internacionales bajo el argumento de la soberanía nacional solo perpetúa un sistema de justicia donde el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas no se traduce en sentencias condenatorias para los responsables.
El señalamiento más delicado de la auditoría internacional es la categorización de los hechos. La ONU ha advertido que en México existen indicios fundados de crímenes de lesa humanidad. En el lenguaje del derecho internacional, esto significa que las desapariciones no son producto de violencia al azar, sino un fenómeno tolerado, sistemático y generalizado contra la población civil, lo que implica una responsabilidad directa por acción u omisión de las autoridades de todos los niveles.
López Rabadán exigió que el gobierno rinda cuentas y transforme el escrutinio internacional en una política de reparación. La legisladora explicó que los mecanismos de la ONU existen precisamente para señalar las fallas que los gobiernos intentan ocultar; por lo tanto, el informe no es un documento diplomático más, sino una hoja de ruta obligatoria para reestructurar un sistema de justicia colapsado por la corrupción y la falta de presupuesto.
La exigencia desde el Poder Legislativo es clara: el Estado debe investigar con eficacia, prevenir los delitos y sancionar a los perpetradores. Esto requiere una limpieza profunda de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, garantizando que las carpetas de investigación sean exhaustivas y técnicamente sólidas, en lugar de trámites burocráticos diseñados para el archivo definitivo.
Al final, el debate sobre las desapariciones en México es un tema de responsabilidad estatal ineludible. La acumulación de 72 mil restos humanos sin identificar es la prueba material del fracaso de la política de seguridad interior. La diputada concluyó que el país necesita verdad y justicia, objetivos inalcanzables si el Estado se niega a aceptar la supervisión internacional y a castigar a las redes de complicidad que permiten la operación de los grupos criminales.
