Un reporte independiente coordinado por la Fundación Konrad Adenauer México evidenció la operación de mecanismos sistemáticos de inducción del voto durante las elecciones judiciales de 2025, configurando lo que los investigadores describen como la captura del Poder Judicial federal por parte del Ejecutivo.
Los autores identificaron la distribución masiva de listas de votación, conocidas como «acordeones», las cuales en múltiples casos portaban sellos de la autodenominada «4T» e incluían referencias a programas sociales y organizaciones oficialistas.El informe detalla que la autoridad electoral se vio rebasada ante esta movilización de estructuras.
El Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública del ITESO documentó que, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares de tipo inhibitorio contra la entrega física de estos materiales, el diseño normativo se mostró disfuncional para proteger la equidad y la neutralidad de manera eficaz frente a una operación presumiblemente coordinada.En la arena legislativa, la precipitada aprobación de la reforma en 2024 evidenció sustanciales vacíos normativos que forzaron a las autoridades administrativas a improvisar sobre la marcha.
La falta de un marco legal completo que regulara fases trascendentes, como la selección y evaluación de personas aspirantes, obligó a las instancias electorales a ejercer funciones de integración jurídica para resolver controversias.
El documento advierte sobre graves irregularidades en la cadena de custodia y el manejo de la documentación oficial. El ejercicio de observación ciudadana detectó que el traslado de los paquetes electorales desde las casillas hasta los consejos distritales se ejecutó frecuentemente sin la supervisión de las fuerzas de seguridad, contraviniendo lo previsto en la legislación.
La rendición de cuentas institucional es cuestionada en el texto ante la disparidad de resultados entre los poderes republicanos. El informe destaca que el Poder Legislativo y el Poder Judicial, contrapesos naturales del sistema, lograron colocar únicamente al 29% de los ganadores de manera conjunta o individual.
Para los autores del estudio, esta estadística refleja un grave desequilibrio y la captura del proceso por parte del Ejecutivo.Frente a las vulneraciones detectadas, las organizaciones demandan a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto necesario para asegurar la capacitación de los funcionarios de casilla y capacitadores asistentes electorales. Además, instan al Poder Legislativo a modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para establecer claramente como un delito el uso de acordeones impresos y la difusión de fotografías de boletas marcadas.
En cuanto a las reglas de postulación, el reporte sugiere reformar el artículo 96 constitucional y sus leyes secundarias para restringir a una sola persona candidata la postulación por cada cargo de parte de cada Poder. Los investigadores sostienen que se deben establecer reglas claras previas a futuros comicios electorales para evitar la politización de la justicia y asegurar controles sustantivos.
