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Senador Inzunza denuncia nexos entre CIA, Chihuahua y campaña de desprestigio

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, comparecerá el próximo 6 de mayo ante la Comisión Permanente para responder a una serie de señalamientos públicos que, según el propio senador, constituyen una represalia directa por exponer operaciones irregulares de inteligencia extranjera en México.

El foco del conflicto radica en la denuncia realizada por Inzunza desde la tribuna del Senado, donde acusó la actuación inconstitucional de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano, operando presuntamente bajo el cobijo del gobierno estatal de Chihuahua.

La cronología de los hechos muestra una correlación temporal estricta: las acusaciones contra Inzunza comenzaron a circular públicamente apenas un día después de que el legislador exigiera una investigación formal sobre la intervención de la agencia estadounidense y la gobernadora chihuahuense.

Inzunza calificó las imputaciones en su contra como «calumnias y oprobio doloso», diseñadas estratégicamente para desviar la atención de la vulneración a la soberanía nacional denunciada, y adelantó que utilizará el pleno de la Permanente para desmontar dicha campaña de desprestigio.

El legislador por Sinaloa se encuentra actualmente en el municipio de Badiraguato, desde donde coordina su estrategia de defensa legislativa, desestimando la validez de los ataques mientras prepara el expediente probatorio que presentará en el recinto del Paseo de la Reforma.

En sus comunicados preparatorios, Inzunza estableció un paralelismo entre su actual situación y las defensas históricas de la soberanía promovidas por el expresidente Benito Juárez, marcando una línea discursiva enfocada en la autonomía del Estado mexicano frente a la intervención foránea.

La comparecencia del miércoles forzará a la Comisión Permanente a posicionarse formalmente sobre la presencia documentada de agentes de la CIA en el norte del país, exigiendo la apertura de expedientes sobre los protocolos de seguridad vigentes entre el gobierno federal y el estado de Chihuahua.

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