El desmantelamiento de las redes de seguridad financiera estatales durante el último sexenio ha despojado a los productores agropecuarios mexicanos de las herramientas para mitigar el riesgo climático y bursátil. La extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) y la eliminación de los esquemas de Agricultura por Contrato administrados por ASERCA, trasladaron la totalidad del riesgo sistémico a la unidad de producción, detonando la actual crisis de rentabilidad del campo.
La reingeniería del presupuesto federal, que concentró el 82% de los recursos sectoriales en transferencias directas sin obligaciones productivas, excluyó financieramente al estrato medio. Los productores que operan entre 20 y 100 hectáreas, responsables históricos del abastecimiento interno, quedaron inhabilitados para competir bajo las reglas del mercado abierto contra corporaciones transnacionales operadoras de materias primas que dominan la importación desde Estados Unidos.
A la parálisis crediticia se suma la instauración de una estructura impositiva de facto ejecutada por redes del crimen organizado. El «cobro de piso» por hectárea cultivada y el peaje ilegal a transportistas operan como costos fijos ineludibles en la estructura de producción. Durante el primer trimestre de 2026, la asfixia económica impulsó a agrupaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano a paralizar infraestructuras de peaje y bloquear autopistas federales en Tamaulipas y Sinaloa.
Las mesas de diálogo instaladas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no han logrado desactivar el conflicto social, dado que las exigencias del sector rural sobrepasan las concesiones políticas. Los agricultores demandan acciones punitivas inmediatas contra la inseguridad en carreteras y la restitución de mecanismos de fijación de precios a futuro que impidan la venta de las cosechas por debajo del costo de producción.
La rendición de cuentas sobre los programas insignia de la administración previa expone resultados limitados en materia de seguridad nacional alimentaria. Evaluaciones independientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) confirman que esquemas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar contuvieron la pobreza multidimensional rural, reduciéndola del 43.2% al 36.3%, pero fracasaron en revertir la dependencia en granos básicos.
El programa estatal de distribución de Fertilizantes para el Bienestar, que reportó un gasto de 15,838 millones de pesos, mitigó temporalmente la inflación de insumos para pequeños propietarios en estados como el Estado de México, Durango y Guanajuato. Sin embargo, su alcance fraccionado fue insuficiente para evitar que la balanza comercial registrara la importación récord de más de 26 millones de toneladas de maíz en el ciclo 2025.
Frente a la materialización del riesgo operativo, el nuevo gobierno implementó el «Plan México» para reinyectar liquidez mediante líneas de crédito garantizadas por el Estado a través de FIRA. No obstante, analistas del sector advierten que la inyección de capital público no logrará la rentabilidad proyectada si el Estado se mantiene incapaz de neutralizar la extorsión sobre las cadenas de suministro y proteger las aduanas del contrabando agropecuario.
